En una resolución publicada el pasado 14 de Octubre, a instancias de una reclamación de Orange, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones ha dictaminado que Telefónica no está obligada a ofertar servicios de reventa a terceros en líneas de fibra óptica cuya velocidad supere los 30 Megas.

Orange (France Telecom) alegaba en su demanda que las ofertas del Telefónica de 50 Megas “le impediría competir técnica, comercial y económicamente”, al no ser replicable, solicitando a la CMT que impusiese a Movistar un servicio de reventa minorista.

La CMT, en una diáfana resolución, aclara que todas las velocidades superiores a 30 Megas soportadas en fibra óptica están exentas de regulación, según las Líneas Maestras sobre Redes de Nueva Generación, estipuladas por dicho ente en 2008. Ahondado en su respuesta, la CMT da un varapalo a Orange, al indicarle, por una parte, que si desea competir en el mercado de fibra óptica de velocidades ultrarrápidas, tiene acceso a la infraestructura de obra civil a precios regulados (dicho de otra forma, que si quiere competir, que impulse la construcción y despliegue de su propia infraestructura de fibra), y por otra, que próximamente (enero de 2012) se pondrá en marcha una nueva facilidad mayorista, el NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha), el cual la propia Orange promulga, que le permitirá ofrecer velocidades personalizadas bajo la fibra óptica de Telefónica (para más información sobre el NEBA, podéis consultar nuestro informe).

Desde UGT opinamos que el dictamen de la CMT se ajusta a la norma vigente, un reglamento creado a fin de fomentar una verdadera competencia en infraestructuras: no es posible sostener un modelo de crecimiento en base a reventa y desagregación perpetuada en el tiempo. Defendemos un Sector donde prime la inversión en nuevas infraestructuras de alto valor añadido, que permitan un crecimiento sostenido, y por tanto, generen empelo y consoliden el actual. Por todo ello, desde la Unión General de Trabajadores instamos a todas las partes a adoptar un paradigma de actuación que permita el despliegue de estas necesarias e imprescindibles redes de alta velocidad, conformar un mercado donde exista certidumbre, seguridad jurídica, donde los actores compitan en igualdad de condiciones y donde, sobre todo, se cree un modelo sostenible y de futuro a largo plazo.

El anuncio la pasada semana por parte de la Comisaria responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, de modificar la actual regulación mayorista sobre las redes de cobre de los operadores históricos ha generado una controversia sin parangón hasta la fecha en nuestro Sector.

La propuesta se basa en la emisión de dos consultas públicas orientadas a pulsar la opinión de todos los agentes del Sector sobre la propuesta de bajar los precios que pagan los operadores entrantes por alquilar el bucle de cobre a los incumbentes. Así, Kroes pretende ir bajando los citados precios de forma paulatina, con objeto de incentivar a los operadores históricos a invertir en fibra óptica como estrategia comercial de diferenciación. Dicho de otra forma, bajar la rentabilidad de la red de cobre para estimular la inversión en fibra óptica.

Las reacciones no se hicieron esperar: mientras los operadores entrantes agrupados en la patronal europea ECTA aplaudía la propuesta (Jazztel la describió, sucintamente, como “positiva”), la patronal de los operadores con red propia, ETNO, clamaba en contra. Cabe destacar las declaraciones del presidente de Telecom Italia, que la tildó de “estupidez”, o las de César Alierta que manifestó (sic): “rebajar los precios del cobre significa el fin de la Agenda Digital. No vamos a invertir dinero en beneficio de nuestros competidores. Eso está muy, muy claro”.

Independientemente de un análisis posterior de la propuesta, así como del contenido en sí de la consultas públicas, las declaraciones de la Comisaria parecer ir justo en el sentido contrario del modelo defendido por UGT, basado en la competencia de infraestructuras, la inversión y en la generación de empleo como ejes vertebradores de nuestro Sector. Así, cualquier tratado básico de economía afirma que difícilmente se invierte si se reducen los ingresos, y mucho menos aún si el objeto de la inversión (las nuevas redes de fibra óptica) difícilmente retornará en beneficios si se cede obligatoriamente a terceros (los operadores entrantes) bajo precios tasados por un cuarto (el regulador de turno). Igualmente insólito vemos el argumento de lograr una “coherencia reglamentaria” en los precios del alquiler mayorista de la red de cobre, cuando precisamente existen otros campos de regulación europea que habría que armonizar antes, como por ejemplo, la propia normativa europea sobre inversión en NGN.

Por todo ello, rechazamos cualquier nuevo reglamento que no vaya en pos de una seguridad jurídica que estimule la inversión en NGN basadas en infraestructuras propietarias y no cedentes, lo que inevitablemente redundaría en la creación de empleo y en la mejoras de las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as de nuestro Sector.